En los últimos días ha habido novedades en el caso Garzón. El pasado viernes día 14 de mayo se produjo noticia que muchos estaban esperando. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió, por unanimidad (que raro), al juez Baltasar Garzón, por haber abierto una investigación sobre la represión del franquismo. La ley es clara y rotunda y prevé que todo juez que haya sido procesado o respecto del cual se haya dictado un auto de apertura del juicio oral, no podrá seguir en su puesto y será suspendido a la espera que se dicte sentencia. Además, el CGPJ pidió al fiscal de La Haya que aclare si Garzón tendrá inmunidad. Un día antes Garzón pidió permiso para incorporarse como asesor externo del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, como adjunto al fiscal de este órgano, Luis Moreno Ocampo. La suspensión de Garzón es una medida grave, que corta su carrera judicial (de momento), pero no es el final de nada. El juez de la Audiencia Nacional no ha sido condenado (todavía), ni siquiera juzgado (que lo será), aunque si se han dado ya todos los pasos que han de llevarle al banquillo (los sectores de ultraderecha y fascistas de este país, que los hay a montones, estarán muy contentos). A pesar de que el Tribunal Supremo (TS) desaconsejó la marcha de Garzón al Tribunal de La Haya, finalmente el Poder Judicial le deja marchar a Holanda. El pasado martes el CGPJ autorizó por tres votos a dos la marcha del juez Baltasar Garzón (por la mínima). Si bien como juez sigue suspendido, puede ser contratado como asesor del fiscal del TPI. Además, sigue manteniendo su plaza en la Audiencia Nacional, y si es absuelto, podrá volver a esa instancia, si así lo desea. Cuatro de los cinco informes recabados fueron favorables a la petición del magistrado. Por lo menos una buena noticia. La mala noticia es que el Tribunal Supremo juzgará a Garzón en setiembre próximo con un sala compuesta por siete magistrados. El Supremo quiere dar a la vista el máximo relieve isntitucional y la defensa podría citar a juristas internacionales aunque sea una medida polémica ya que los tribunales no suelen aceptarlos. Mientras tanto sigue abierta la causa del Tribunal Supremo contra Garzón por presuntos delitos de prevaricación y cohechos en los cursos que ofreció el juez en Nueva York. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, reiteró en su declaración ante el Tribunal Supremo que él no pagó al juez sino a la Universidad de NY por los coloquios que organizó el juez.
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